El gobierno de Mauricio Macri cambió sucesivamente de posición respecto a la Villa 31 y 31 bis. Anunció su erradicación en la campaña, luego se habló de urbanizarla, luego se pidió “congelarla” desde el punto de vista edilicio, impidiendo su crecimiento en altura y ahora encaró un censo de su población.

La medida del gobierno macrista de impedir el crecimiento en altura en la Villa 31 y 31 bis, con el aval de una jueza (que no reconocía como parte a los habitantes de la villa), puede ser visto desde dos perspectivas. En primer lugar, se puede revisar los procesos históricos en la Ciudad que respondieron a la misma intencionalidad y encontramos esas medidas en los proyecto de desalojos de las villas de los gobiernos militares de Onganía y de la última dictadura militar. Esto implicaba dos acciones relacionadas: impedir el crecimiento y “desalentar” la vida en la villa persiguiendo a sus habitantes y a las actividades económicas que se desarrollan en los barrios (y desprestigiando en los medios de comunicación a sus habitantes). Ambas cosas sucedieron en la Villa 31 y 31 bis, donde se amenaza con enviar además inspectores a los comercios, se clausuran corralones, demoler casas, etc.

Es difícil pensar que tenga el éxito que quieren alcanzar. Si bien se impide (con relativa eficiencia) la entrada de material para la construcción en altura, no pueden impedir que más gente vaya a vivir a la villa y con lo cuál se agravaría las condiciones de vida de la población, ya que aumentaría la situación de hacinamiento que es crítica en todas las villas de la ciudad, pero en particular en la villa 31 y 31 bis. Por otra parte, se pudo observar que la estrategia de algunas familias es crecer edificando en la planta baja, achicando el escaso espacio público existente y nadie puedo evitarlo.

Sucede, al mismo tiempo, que aquellos que quieren pedir un permiso para mejorar su vivienda se ven impedidos de hacerlo porque no está claro el mecanismo para tramitarlo y porque no se dio buena información a los vecinos. Se instaló la amenaza de las demoliciones como un fantasma que recorre el barrio, ya que el estudio del Arq. Poli no identifica cuáles realmente corren peligro de derrumbe y nadie sabe cuál caerá bajo los picos.

En relación al censo, es dudoso que sea útil para un proyecto de urbanización, tal cual se dijo, ya que existen falencias de fondo: En primer lugar, no se censa la cantidad de cuartos con los que cuenta cada familia y si tienen baño propio o compartido. De esa forma no se puede atacar al problema de hacinamiento y saber cuántas viviendas nuevas se deben construir. Tampoco es un buen censo de población, ya que es motivo de exclusión del censo de éste si la vivienda está en alquiler o venta. Además, se pidió en el caso de los inquilinos que se identifique el locador y se indique el monto de la renta. Esto provocó, sin duda, que los locadores oculten a sus inquilinos por miedo a posibles represalias (alimentado por rumores). Por último, un cuestión muy relevante es que se realizó sólo en dos días (sin prácticamente difusión previa) y no se vuelve a censar en caso de que alguien esté ausente, con lo cual algunos grupos familiares serán excluidos de no se sabe qué proyecto futuro.

Paralelamente se quiere comenzar un plan de mejorar la infraestructura de agua corriente de la Villa 31 bis, sin un plan claro de urbanización.

Ante tanta confusión, la única forma de mejorar la situación es consensuar un proyecto de urbanización y llevarlo a cabo respetando la opinión de los habitantes. El paso siguiente reclamado por los vecinos es convocar a elecciones de delegados para renovar la representación barrial de las dos villas. Eso sin duda contribuirá a un mejor diálogo entre el Gobierno de la Ciudad y los habitantes del barrio.

María Cristina Cravino *